Competencia de Gobiernos Departamentales


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Correo de Punta del Este 1/04/2014

Por Esc. José L. Rapetti Tassano

Uruguay Libre de megamineria. Adrian Machado

Ilustracion Adrian Machado

Actualmente se discute sobre la megaminería, y en especial lo relacionado con el PROYECTO VALENTINES más usualmente llamado ARATIRÍ, por el nombre comercial de la empresa transnacional interesada.

Se trata de la megaminería metalífera que sin perjuicio de las normas establecidas en el Código de Minería, en la Ley 18.813, del 23 de setiembre de 2011 y otras que relativas al tema y al medioambiente, se promulgó la ley 19.126 referida a la “ACTIVIDAD DE MINERÍA DE GRAN PORTE”, del 11 de setiembre de 2013, cuando ya ARATIRÍ estaba directamente interesada con el proyecto minero.

 

Las Juntas Departamentales de Tacuarembó y Lavalleja, en uso de su competencia en materia medioambiental , se pronunciaron por la prohibición en sus territorios de esa clase de explotación minera. Inclusive en Tacuarembó se juntaron miles de firmas para la realización de un plebiscito departamental sobre el tema. Esencialmente se invoca el daño al medioambiente que provocan estas grandes explotaciones a cielo abierto.

 

El Gobierno Nacional tiene competencia en cuanto a la explotación del subsuelo, y también en materia de medioambiente.

A la vez tienen competencia los Gobiernos Departamentales en cuanto a la afectación del medioambiente, la sanidad de las poblaciones, y las autorizaciones para instalarse establecimientos de esa naturaleza. Sin los permisos para realizar construcciones de cualquier tipo, y las habilitaciones de los mismos, las explotaciones comerciales, industriales o mineras no pueden funcionar, pues la policía de construcciones es competencia de los Gobiernos Departamentales. 

Las competencias del gobierno nacional y los departamentales no son excluyentes, sino que deben armonizarse teniendo en cuenta que la Constitución le atribuye a ambos competencia en igualdad de condiciones. En efecto, LO QUE EL CONSTITUYENTE NO DISTINGUE, NO PUEDE HACERLO EL INTÉRPRETE. No existe una competencia de “origen” a favor del Gobierno Central, pues el origen es el mismo, o sea la Constitución.

 

Leyes especiales

La Constitución de la República en su artículo 262 encomienda al legislador sancionar una ley estableciendo la MATERIA DEPARTAMENTAL Y LA MUNICIPAL.

Así es que se promulgó la LEY 18.567 llamada de Descentralización Departamental y Local y Participación ciudadana, del 13 de setiembre de 2009. Ésta, al igual que la Ley Orgánica Municipal Nº 9515, del 28 de octubre de 1935, son leyes especiales dispuestas por el constituyente sobre esa materia., y por consiguiente prevalecen sobre otras leyes comunes que contradigan a aquellas.

Estas Leyes Especiales son muy claras en asignar competencias a los Gobiernos Departamentales y a los nuevos Municipios creados por la Ley de Descentralización.

Todo lo concerniente a la actividad gubernativa de estos Gobiernos Departamentales, están regidos por los denominados “principios cardinales del sistema de descentralización” establecidos en el artículo 3º, entre los cuales está el numeral 4º = “LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”. Además es natural que quienes vivan en ese territorio sean los que decidan sobre su destino, y estas leyes le dan el respaldo que el constituyente quiso.

Sin entrar a otros análisis jurídicos, nos basta con tener en cuenta lo que dispone el artículo 6 de la ley 18.567 bajo el acápite de “La materia departamental estará constituida por” : “3º) LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DENTRO DE SU JURISDICCIÓN” También el artículo 13 de la misma Ley al referirse a los Cometidos de los Municipios, especialmente se refiere en el numeral 4) a “Elaborar programas zonales y adoptar las medidas preventivas que estime necesarias en materia de salud e higiene, protección del ambiente, todo ello sin perjuicio de las competencias de las autoridades nacionales y departamentales, según las normas vigentes en la materia”.

Los textos constitucionales y legales vistos son concluyentes. Pero además están las otras normas medioambientales nacionales y la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial que asigna competencia a los Gobiernos Departamentales, porque la explotación de la megaminería metalífera a cielo abierto afecta notoriamente el ordenamiento territorial tanto como al medioambiente.

Otras disposiciones especiales se aplican a estos casos y son la contenidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Departamentales Nº 9515, que en las competencias asignadas a los Intendentes en el artículo 35, consigna en el numeral 24) “Ejercer la policía higiénica y sanitaria de las poblaciones sin perjuicio de la competencia que corresponda a las autoridades nacionales y de acuerdo con las leyes que rigen la materia, siendo de su cargo:” y en literal B) expresa: 2 LA DESINFECCIÓN DEL SUELO, DEL AIRE, DE LAS AGUAS, Y DE LAS ROPAS EN USO”; y en el literal C) “LA VIGILANCIA Y DEMÁS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS”.

 

Certeza e interrogantes

Existe un Código de Minería que regula las relaciones de dominio de un fundo minero, el Estado y el dueño de la superficie, y esa es competencia nacional.

Existe la Ley de Ordenamiento Territorial y Medioambiente que le asigna competencias a los Gobiernos Departamentales y a la vez al Gobierno Central, claramente definidas algunas y otras cuestionadas en su constitucionalidad por avasallar la autonomía departamental, que es un elemento constitutivo fundamental en la descentralización territorial.

Debe aplicarse por los Gobiernos Departamentales su potestad constitucional y legal derivada de aquella en materia de protección medioambiental, ordenamiento territorial, y ambientar LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA para decidir sobre su futuro.

Los Gobiernos Departamentales, y los Locales de los nuevos municipios, DEBEN ejercer sus competencias, pues como enseñaba el Maestro de Derecho Administrativo, Sayagués Laso, “las competencias no son sólo un derecho, sino que constituye una OBLIGACIÓN de los ÓRGANOS EJERCERLAS.”.

La explotación de la mega minería metalífera, necesariamente requiere la utilización de productos químicos en diversas etapas de la extracción, separación, lavado y demás instancias del proceso de obtención y transporte del mineral y disposición de los residuos. ¿Esos productos químicos cuan nocivos son para la salud de los trabajadores de las minas? ¿Qué efectos producen para la tierra propia y la circundante de sus componentes y la afectación en pasturas y agricultura?

¿Cuanto afecta la contaminación del aire por las substancias que se liberan en la explotación y son llevadas por los vientos a campos y poblaciones cercanas?

Se construyen cráteres de cientos de metros de profundidad y de largo, según la misma minera Aratirí ha hecho llegar al Poder Ejecutivo. ¿Esos cráteres de las varias minas que se explotarán en una zona ganadera, cómo se rellenarán y que consecuencia en las calidad de las aguas de superficie y en las subterráneas dejará?

¿Y las explosiones constantes para abrir la tierra hacia los costados y hacia abajo, cuánto afectará a las personas de los trabajadores directos, a los de campos cercanos, y las poblaciones? La explosiones también afectarán a los ganados y todos los animales de los campos y los montes a distancias muy grandes.

La pregunta parece obvia: ¿No serán los habitantes de Tacuarembó, Lavalleja y territorios afectados, los que deban decidir su destino? Eso es participación ciudadana, es democracia, y es respetar la Constitución y las leyes.

http://www.correodepuntadeleste.com/?p=2284

 

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