PRESIONES INDEBIDAS DEL PODER EJECUTIVO A FAVOR DE ARATIRÍ


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Comunicado de prensa  / 10 de diciembre de 2013.

PRESIONES INDEBIDAS DEL PODER EJECUTIVO A FAVOR DE ARATIRÍ

En actitud sin precedentes, el Poder Ejecutivo anuncia una campaña para explicar “las virtudes” del proyecto de la minera extranjera Aratirí, cuando los poderes públicos deben representar a la sociedad, preservar su neutralidad ante los emprendimientos privados y éste, en particular, está lejos de ser aprobado en las instancias previstas por la ley para evaluar estos proyectos.
 
Desde el Consejo de Ministros, una vez más, el presidente de la República alienta a sus ministros a actuar como socios y meros propagandistas de proyectos que enfrentan una creciente resistencia de la población en todo el país, al punto que las Juntas Departamentales de Lavalleja y Tacuarembó decidieron prohibir la minería metalífera a cielo abierto en sus territorios y otros departamentos se encuentran discutiendo proposiciones semejantes.
 
La evaluación de los impactos sociales y ambientales de estos proyectos es un proceso a cargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). Por sus propias autoridades, el proyecto de Aratirí está lejos de ser aprobado, hay partes enteras del mismo – el mineroducto y la terminal portuaria – que deben ser reformuladas y aún no pasó por las audiencias públicas.
 
En primer lugar, si el gobierno nacional “gobierna para todos los uruguayos”, como lo ha dicho otras veces, debería no solo al menos mantenerse neutral ante los intereses de una empresa particular sino, además, proteger a la sociedad y defender la soberanía nacional. La firma Aratirí, de la trasnacional Zamin Ferrous, pretende simplemente extraer el hierro y otros metales del subsuelo uruguayo para venderlos en bruto en el mercado internacional.
 
En segundo lugar, tales declaraciones de la Presidencia constituyen una presión indebida sobre los restantes organismos del estado que deben evaluar este proyecto. ¿Qué papel se reserva para la DINAMA cuando el presidente le encomienda a su superior jerárquico, el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que defienda el proyecto?
 
En tercer lugar, esa actitud del gobierno nacional es una falta de respeto por la opinión de la ciudadanía que de muy diversas maneras, en manifestaciones nacionales y locales, reclama y merece ser consultada, tal como en su momento expresó el Sr. Presidente de la República. Son decisiones que sus propios defensores han presentado como un cambio de la matriz productiva del país, pero que no fueron sometidas a votación en las últimas elecciones.
 
Al mismo tiempo, las declaraciones del secretario de Presidencia respecto a que el contrato a firmarse con Aratirí será de carácter reservado, evidencian la intención de ocultar a la ciudadanía los compromisos del gobierno con Aratirí. Esto constituye una falta grave en desmedro de la transparencia que requiere cualquier emprendimiento, más aún de la envergadura que pretende ser este, y es contradictorio con la conducta de un gobierno democrático.
 
El Movimiento Uruguay Libre ha lanzado una campaña de recolección de firmas para promover la realización de un plebiscito nacional porque pretendemos, justamente, que sea la ciudadanía toda quien, con la información apropiada, decida si considera que este y otros proyectos similares son beneficiosos para el país. No nos detendremos hasta cumplir con este derecho.
 
MOVIMIENTO URUGUAY LIBRE

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