Aumenta la presión para frenar acuerdo con Aratirí


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El Pais 7/02/2014

El precandidato blanco Jorge Larrañaga volvió a cargar contra el gobierno por sus tratativas con Aratirí.

Advirtió que a la compañía se le debe aplicar la normativa local y también pidió que el Estado no le conceda estabilidad tributaria.

 

Larrañaga, que ya ha pedido al gobierno que no firme el contrato que negocia con la minera a la que ha cuestionado por su intención de utilizar sustancias cancerígenas, sostuvo en un artículo que publicó la página web de Alianza Nacional, su sector político, que no debe permitirse que las eventuales diferencias entre la empresa y el Estado se diriman mediante un mecanismo de arbitraje.

El senador advirtió que “se negociaría nada menos que la soberanía jurisdiccional, sustrayendo los litigios entre el Estado y una empresa privada extranjera, que va a explotar en régimen de concesión bienes del dominio del Estado, a su fuero natural que es el Poder Judicial, para someterlo a una jurisdicción arbitral seguramente en el exterior”.

“El Parlamento y la sociedad tienen que saber de qué se está hablando. En el caso que se pretendiera pactar un mecanismo de solución de controversias, el mismo debería ser un arbitraje en Uruguay. La Cámara de Comercio de nuestro país tiene un centro de conciliación especializado, y si Aratirí no confía en la Justicia uruguaya, ni en los centros de conciliación nacionales, no debería invertir en nuestro país. Distinto es el caso en que se pacta el mecanismo de resolución de controversias mediante arbitraje en tratados de inversión firmados entre naciones independientes, es decir, entre pares”, agregó Larrañaga.

El legislador también cuestionó que la empresa pretenda, a cambio de pagar 2% más de canon, acceder a una cláusula de estabilidad tributaria por diez años. “Con relación a la cláusula de inmovilidad tributaria que, según versiones de prensa, se estaría negociando me parece lamentable que se negocie la soberanía fiscal, y más aún que la renuncia fiscal tenga un precio previsto en la ley”, escribió Larrañaga.

La ley de Minería de Gran Porte da la posibilidad a las empresas de acceder a ese tipo de cláusula a cambio de un incremento del canon que pagan. “¿Si dentro de unos años Uruguay necesita variar la presión fiscal sobre este tipo de explotaciones, el Parlamento no va a poder aumentar esa carga, en virtud de un acuerdo hecho con una empresa? Esto es inaceptable”, sostuvo Larrañaga.

El precandidato blanco pidió directamente al gobierno que no firme con Aratirí “porque se comprometería a las futuras generaciones”.

El gobierno ha dicho que pretende firmar en febrero el acuerdo con la empresa de capital indio interesada en extraer hierro de las zonas de Valentines y Cerro Chato. Las negociaciones se llevan adelante en reserva. A su vez, el denominado movimiento Uruguay Libre está realizando una campaña de recolección de firmas para que en referéndum se vote para prohibir la minería metalífera de gran porte en Uruguay.

Larrañaga advirtió que podría darse con el contrato que se negocia un desenlace similar al que tuvo el cierre de Pluna. “Este contrato negociado a las apuradas y bajo el velo del secretismo, recuerda a la selección del socio de Pluna -Campiani- que llevó a cabo el gobierno anterior y así terminamos. A su vez, la Ley de Megaminería también recuerda a la ley del concurso de Pluna, pues ambas son inconstitucionales, por haber sido hechas a medida para una empresa en particular. Pero en este caso el resultado puede ser mucho peor, porque si se establece una prórroga de jurisdicción hacia un tribunal arbitral internacional, es posible que terminemos siendo demandados por sumas que este país no va a poder pagar”.

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